Es una aberración que luego de diversos episodios de intoxicaciones masivas (que han afectado, igual que en esta oportunidad, mayoritariamente a infantes), como los ocurridos en 2018, 2022 y 2023 en Quintero-Puchuncaví, aún se desconozca el origen concreto de estas emisiones y no se hayan determinado siquiera responsabilidades.
No entender que esta también es una urgencia es entregar el destino de nuestro país (con sus ciudadanos y, evidentemente, su economía) al mejor postor. Algo tiene que cambiar.
Sin lugar a dudas, las definiciones de la Corte IDH y de la CIJ impulsarán los litigios climáticos en todo el mundo y serán un argumento y herramienta claves en cientos de casos de esta naturaleza. Después de todo, la ley internacional es clara en la materia: proteger vidas y ecosistemas ya no es opcional, es una obligación para todos los Estados.
En tiempos donde la clase política y los tomadores de decisión parecen determinados a evitar hablar de la naturaleza, la crisis climática y el necesario cuidado del planeta, esta decisión de la Corte representa un faro en la oscuridad.
Es preocupante la creciente propensión de un pequeño grupo a tergiversar, difamar o, incluso, menoscabar a todos aquellos que planteen una mirada distinta de la suya -ya sean movimientos sociales u organizaciones de la sociedad civil-, tanto desde la instalación de retóricas desinformadas o de la criminalización de sus actividades, valiéndose para ello del uso de lógicas de poder absolutamente asimétricas.