A 35 años de su muerte, las propias palabras de Jaime Guzmán iluminan el debate actual sobre el indulto presidencial: justicia y perdón, lejos de oponerse, se complementan.
Al gobierno actual le está tocando pagar la fiesta del gobierno anterior. Pero el problema de fondo no es solo financiero o técnico. Es también político. Porque cuando el Estado se expande sin control y gestiona mal, no solo gasta más, sino que se vuelve una carga para las familias.
Cuando la oposición confunde fiscalización con obstrucción, o crítica con espectáculo, pierde de vista lo esencial: contribuir a que el país funcione mejor.
Un lienzo con el Presidente Kast apuntado con una pistola en la cabeza en el Instituto Nacional. Un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas. El exconvencional Rojas Vade es encontrado maniatado y con consignas de violencia política escritas en su cuerpo. Ataques con piedras a autos y transeúntes durante el cambio de mando.
Es cierto que Chile tiene una de las legislaciones más flexibles en la región para que los extranjeros voten: basta con cinco años de avecindamiento. También es cierto que son casi 900 mil las personas extranjeras habilitadas para sufragar, más del 5% del padrón electoral. Lo inesperado es que sea justamente este gobierno el que busque restringir ese derecho.
La mejor forma de ilustrar la relevancia de la fiscalización, es citando al diputado Leiva (PS), tras el escándalo por la liberación del sicario de Meiggs: “No me vengan con más leyes. Aquí todos los instrumentos están.” Lo que falta, simplemente, es voluntad.
Pocos chilenos tienen buenos recuerdos de sus trámites ante notarios o conservadores: precios altos, largas esperas, horarios reducidos y formalidades ficticias (“firmó ante mí”). Pese a su impopularidad, incluso la Convención Constitucional los “ignoró”. Por eso, es útil recordar qué son y qué función cumplen: notarios y conservadores son auxiliares de la administración de justicia, sirviendo como ministros de fe y administradores de registros públicos (incluyendo escrituras, propiedades, derechos de minas, aguas, sociedades, etc.)
El próximo gobierno podrá estrenar una institucionalidad más robusta para nuestra seguridad, pero difícilmente alguien se lo agradecerá al presidente Boric.