En una época en que todo se ve y todo se comenta, ninguna empresa o gremio puede seguir operando de espaldas a la gente: hablarle solo a los suyos dejó de ser una opción. La confianza ya no se administra entre pocos; se gana o se pierde en público.
Si queremos un país que mañana cuente con trabajadores para sostener la economía y cuidar a sus mayores, tener más de un hijo no puede seguir siendo un privilegio reservado para quienes lo tienen todo.
Volveremos a tener un sistema de admisión más razonable, pero que seguirá repartiendo los cupos de los pocos colegios buenos que quedan, en vez de preguntarnos por qué quedan tan pocos.
Estas organizaciones rinden cuentas a quien las financia, como cualquier otra, entonces el problema no es que mientan sobre el trabajo forzoso: el problema es a quiénes sirven cuando lo denuncian.
Invertir en tribunales ambientales muchísimo más expeditos aceleraría la tramitación de los proyectos. Apuraría la llegada de sus beneficios a las personas. Y desactivaría, de una vez, el incentivo al negociado.
Un proyecto que buscaba poner a Chile en el mapa de los grandes destinos de invierno del mundo no compite con el andarivel de al lado. Compite con Aspen, con los Alpes, con Bariloche. MCP no llegó a exprimir cuatro cerros: llegó a construir un destino de talla mundial.
Con ocho de cada diez chilenos temiendo por su empleo, gravar más a quienes tienen mayor potencial de crear puestos de trabajo tiene algo de suicida. ¿A quién le exigiremos el empleo que falta, si primero declaramos culpable a quien podría crearlo?
Natalia Duco lo dijo sin rodeos: “No es fácil leer la cantidad de hate”. Y no lo es. Pero ese “hate” no es accidental. Cumple una función precisa: desgastar, inhibir, disuadir. Que el siguiente lo piense dos veces antes de actuar. En ese sentido, el término no es exagerado: es terrorismo social.